Delante de las escaleras del Congreso y detrás de una enorme pancarta, familiares de víctimas del franquismo han pedido esta mañana que se juzguen los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. "¡Tenemos memoria, queremos justicia!" ha reclamado unas treinta personas durante unos veinte minutos. Antes habían depositado en la Cámara baja un escrito dirigido a todos los portavoces parlamentarios con una lista de peticiones.
La Plataforma contra la Impunidad del franquismo reclama al Estado que asuma por completo las tareas de localización y exhumación de víctimas; que se declaren nulos "todos los procedimientos judiciales, procesamientos, sentencias, condenas y sanciones de los tribunales represivos del franquismo, como la del poeta Miguel Hernández"; que la ley de amnistía deje de aplicarse "en los delitos de lesa humanidad" como una ley de punto final; que se cree una fiscalía especializada en la persecución de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura; que se declare un "Día dedicado a la memoria" y que se ilegalicen los partidos y organizaciones políticas, sociales y culturales "de naturaleza e identidad fascista".
Preguntado por este último punto, el diputado de IU Gaspara Llamazares, que se colocó tras la pancarta de los familiares junto al portavoz del BNG y la de ICV, aseguró que "Falange ya debería estar ilegalizada en aplicación de la ley de partidos". Llamazares, cuyo grupo ha presentado numerosas propuestas en el Congreso atendiendo a las peticiones de los familiares de las víctimas del franquismo, ve justas sus reclamaciones y entiende que si la democracia no ha logrado satisfacerlas es porque "España todavía tenemos muchas hipotecas del franquismo y muchos se sienten herederos de la dictadura".
Los familiares de las víctimas también han depositado esta mañana en el Congreso una carta para el presidente de la Cámara, José Bono, en la que le recuerdan "la situación de desamparo y olvido institucional" en la que se encuentran y la necesidad de "urgentes medidas jurídicas, políticas y éticas para poner remedio a la deuda contraída por el Estado democrático con las miles de personas represaliadas, torturadas y asesinadas por la dictadura".
A la puerta del Congreso también quisieron recordar al juez Baltasar Garzón. "¡Miren lo que le va a pasar por intentar que este país cumpla las leyes internacionales contra el genocidio! ¡Es vergonzoso! También lo es que los políticos condenen causas similares en otros países y nos ignoren a nosotros", explicó una mujer, miembro de la Plataforma contra la impunidad del franquismo.
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